La
coyuntura nacional está marcada por los acuerdos de los sectores de
poder económico encaminados a garantizar que no estén todos los que
deberían estar siendo investigados, juzgados y condenados. Es decir, se
mantienen los pactos de impunidad. Mientras que en otros países salen
con claridad los involucrados (personajes y empresas) en el caso de
Odebrecht, en Panamá no pasa nada, más allá de shows mediáticos.
Otro
elemento es la continuidad de la entrega de los recursos y espacios
territoriales. Un insulto a nuestra soberanía la acción de los
diputados. ¿Sabías que el 28 de abril de 2017 será conocido como el Día
de la Entrega? Se creó el distrito minero, el cual lleva el nombre de
Omar Torrijos, un distrito especial que cede derechos soberanos a la
transnacional minera; es decir, se constituye en un enclave colonial. En
1997 el Contrato-Ley 9 le permite a Minera Panamá la explotación de
depósitos minerales sin tener que pagar un solo centavo a Panamá, estos
beneficios son extendidos con la Ley 374 de 28 de abril de 2017 que
perfecciona la entrega de la soberanía y permite la constitución de la
minera en otro estado dentro del territorio nacional.
La
mora quirúrgica también acaparó la coyuntura. Recordar que, en enero de
2010, a solo siete meses del Gobierno Martinelli-Varela, suspendieron
la Operación Milagro, proyecto solidario concebido por Fidel Castro y
Hugo Chávez para devolverle la vista a millones de latinoamericanos.
Desde que la operación inició en 2005 en Panamá, los médicos cubanos
atendieron a más de 50 mil pacientes sin que significara gastos para el
Estado panameño. Por mezquinas razones ideológicas e influidos por
mercaderes de la medicina que ven en la salud una mercancía, los médicos
cubanos fueron prácticamente expulsados. El ministro de Salud de aquél
entonces, Franklin Vergara, señaló que la Operación Milagro sería
sustituida por el Programa Visión 20-20 y que se daría seguimiento al
trabajo de los médicos cubanos, una total falacia. Hoy, en razón de la
improvisada y emocional decisión del presidente Varela, motivada por las
denuncias del uso de las partidas discrecionales, de ‘acabar con la
mora quirúrgica’, nos enteramos de que casi una tercera parte de las
cirugías que se han venido acumulando son de oftalmología. En cinco años
los médicos cubanos atendieron a 50 mil panameños y en siete años
(Gobiernos de Martinelli y Varela) dejaron de atender a cinco mil
panameños, negándoles la posibilidad de visión.
En
la coyuntura, la sanción de la ley de Reformas Electorales, mejor
conocida como ‘sacaplata’. Son 600 millones de dólares que se le
entregarán a la partidocracia para seguir con el clientelismo político.
La ley, sancionada en su integridad, es inequitativa y discriminatoria.
Un sector beneficiado con la ley son los propietarios de los medios de
comunicación social.
En el escenario
también estuvo el proyecto privatizador del agua. Movilizaciones del
sector trabajador pusieron en alerta a la población, el mismo violentaba
los derechos de los trabajadores, establecía el agua como una mercancía
y no derecho, planteaba los mecanismos para aumentar las tarifas, los
mecanismos de externalización (privatización). Si bien el proyecto ley
396, que presentó el diputado Juan Carlos Arango (Partido Popular), fue
retirado, no menos cierto es que las intenciones privatizadoras se
mantienen, asesoradas por consultores del BID.
Después
del atraso de las cifras oficiales, el Gobierno presenta tasas de
crecimiento del 6.2 % para el primer trimestre, con lo cual pretende
vender la idea de una situación positiva de la economía nacional, a
pesar del deterioro de las condiciones de vida que enfrenta la mayoría
de los panameños. En el escenario sigue el decrecimiento del sector
agropecuario, ante una política que favorece la importación de
alimentos, tal como denuncian los productores (Ver protesta de
arroceros, lecheros y cebolleros).
En
la coyuntura sobresalió el accionar del movimiento social en las
calles. Significativas las acciones de educadores, trabajadores del
Idaan, pilotos de COPA, Suntracs-Frenadeso, pobladores campesinos y
comunitarios, productores, todos exigiendo el respeto a sus derechos
humanos y la atención a sus problemas sociales.
Genaro López
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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